Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Dr. Pedro Richardson, denunció públicamente su desacuerdo con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, a quien acusa de obstaculizar la aplicación de la Ley 368-22 que otorga a distritos municipales con más de 15,000 habitantes la facultad de establecer oficinas de planeamiento urbano.
Richardson explicó que, en noviembre de 2022 sostuvo una reunión privada con el ministro Bonilla y el alcalde de Verón, Ramón “Cholitín” Ramírez, donde se acordó una transición para la implementación de la ley sin afectar presupuestos en curso. Sin embargo, denunció que dicho acuerdo nunca fue honrado por el MIVED.
“Después de ese acuerdo, no ha habido forma. Se alegó la necesidad de un reglamento para aplicar la ley, algo que no corresponde. Las leyes entran en vigencia al ser promulgadas”, afirmó Richardson, quien asegura contar con respaldo del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y del propio presidente Luis Abinader en cuanto a la vigencia inmediata de la Ley 368-22.
Richardson indicó que FEDODIM ha acompañado legalmente a distintos distritos municipales que han tenido que recurrir a acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley. “Nosotros no tenemos interés en afectar a nadie, pero Verón, Santo Domingo Oeste, Santiago y otros territorios tienen derecho a su departamento de planeamiento urbano, y lo vamos a defender”, señaló durante una entrevista en el programa de radio El Sol de la Mañana.
Al ser cuestionado sobre si su postura podría generar fricciones dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Richardson fue categórico: “Nadie puede pedirme que viole la ley. Si tengo que dejarle el partido, lo dejo gustoso, pero no voy a permitir que se vulneren los derechos de los gobiernos locales ni de mis compañeros alcaldes”.
También criticó la alegada objeción a la arquitecta Yulisa Burgos en Santo Domingo Oeste, lo que ha generado irregularidades en la validación de documentos técnicos, y reiteró que FEDODIM solo defiende lo que está establecido en la ley.
Finalmente, Richardson reafirmó que su papel no es político, sino institucional. “Mi función es defender la legalidad y los derechos de los distritos municipales. Si alguien dentro del gobierno actúa en contra de eso, entonces debe asumir su responsabilidad”, concluyó.
