Una fuerte controversia política sacude a Puerto Rico tras la denuncia de que el gobierno local entregó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos un listado con los nombres y direcciones de inmigrantes dominicanos, lo que podría facilitar su detención y deportación. La acción ha sido duramente criticada por líderes políticos de la isla, quienes la califican como una traición a una de las comunidades más vulnerables y trabajadoras del país.
El congresista puertorriqueño Pablo Hernández acusó directamente a la gobernadora Jenniffer González de haber “traicionado a los dominicanos”, señalando que la administración solicitó datos personales a esta población para otorgar licencias de conducir, y luego los transfirió a las autoridades federales de inmigración.
“La comunidad dominicana fue engañada. Se les pidió su información con una mano y se les entregó para su deportación con la otra”, declaró el congresista, quien representa a Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. “Nadie puede justificar que el gobierno le dé la espalda a quienes han venido a trabajar y a contribuir al desarrollo de nuestro país”, añadió.
A las críticas se sumó el exgobernador Alejandro García Padilla, quien también arremetió contra la medida, acusando al gobierno de actuar con “crueldad y cinismo”. “Se entregaron seres humanos como si fueran objetos, a personas que solo buscaban cumplir con la ley y manejar legalmente por nuestras calles”, dijo el exmandatario.
La polémica estalló luego de que la directora de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, confirmara a la cadena NPR que su agencia solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la información sobre cuántos inmigrantes sin estatus definido poseen licencias de conducir en la isla.
Según reportes de prensa, los datos habrían sido compartidos en respuesta a una solicitud formal, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites éticos y legales del uso de información confidencial otorgada por ciudadanos en buena fe.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han solicitado una investigación sobre el manejo de estos datos, mientras que desde el gobierno se argumenta que la acción responde al cumplimiento de un requerimiento legal federal.
La comunidad dominicana en Puerto Rico representa una de las mayores poblaciones migrantes de la isla, con una presencia significativa en sectores laborales esenciales. La controversia ha generado temor e indignación entre muchos de sus miembros, quienes ahora se enfrentan a la posibilidad de ser detenidos y deportados tras haberse registrado formalmente para obtener licencias de conducir.
