Por Raúl Germán Bautista.- En una entrevista en N Investiga, con Nuria Piera, Milton Morrison director Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), detalla todo sobre la querella contra la empresa Dekolor , S.R.L. por intento de soborno.
“Los mismos abogados me han dicho que es un caso inédito, porque normalmente los funcionarios se dejan envolver y no delatan este tipo de situación, pero en nuestro caso, que siempre hemos estado en la administración pública muy consciente del rol que jugamos, no quisimos dejar pasar esta situación”, declaró Morrison.
Dijo que el contrato establecía el suministro del servicio de la licencia: primero utilizando vehículos físicos y luego eso cambió solo con simuladores. Dekolor ganó una licitación en 2019 y firmó un contrato en enero del 2020 a poco tiempo de las elecciones de un posible cambio de gobierno, como de hecho sucedió.
Sobre la vivienda suya en el Estado de la Florida, explicó: “Voy y accedo a una vivienda que en ese momento estaba valorada en 837 mil dólares, doy 389 mil que es menos de la mitad y consigo un préstamo, a nombre mío, una hipoteca a 30 años”.
En otro orden de ideas, reveló: “El contrato tenía un elemento que para nosotros es algo que me llamó mucho la atención y hemos tomado las previsiones para que en un futuro no suceda, que es que todo lo que tiene que ver con el código fuente, la base de datos, el software y demás, no es propiedad del Estado dominicano, del INTRANT, cuando debería hacerlo sino propiedad de la empresa”.
N investiga indagó que, bajo ese contrato, la empresa acumuló ingresos de más de RD$ 4,655 millones de pesos, cobrando RD$ 805.69 por cada licencia.
Te puede interesar: INTRANT acusa a Dekolor y PagoRD de desviar RD$730 millones mediante esquema fraudulento
“Cuando yo llego al INTRANT, meses después, cuando yo veo el proceso de las licencias, reviso el contrato, me preguntaba el por qué este tipo de contrato tiene que tener un servicio, que es deficitario para el Gobierno dominicano, porque hay que subsidiar el tema de las licencias. Y entonces comencé a indagar y darme cuenta que había algunos elementos que distorsionaban lo que tenía que ver la relación costo-servicio del mismo e indagando me di cuenta que se habían producido una serie de adendas y modificaciones al contrato que eran lesivas para el país”, detalló.
Agregó que otros elementos que le llamaron poderosamente la atención fue que hubo tres adendas suscritas sin la aprobación del Consejo Directivo del Intrant, que encabeza el ministro de Obras Públicas.
Esto implicó incrementos sustanciales en el costo del contrato. La denuncia señala que el 27 de mayo de 2021 se agregaron cinco nuevos servicios, lo que provocó un incremento del 58% en el valor del contrato original.
Posteriormente, el 19 de enero de 2023, se firmó otra adenda, bajo el concepto de “ajustes de precios por inflación”, que generó un aumento adicional de 17.83%. “El 3 de junio de 2024, antes de asumir la actual gestión, se ratificaron las adendas anteriores”, indica la querella. Con esta validación, el Estado debía asumir una facturación superior a los 936 millones de pesos en favor de la empresa Dekolor.
En mayo de 2021, fue bajo la gestión de Rafael Arias; la otra, del 19 de enero de 2023, cuando Hugo Beras era director, y una tercera adenda que ratificaba las adendas anteriores y hacia un reconocimiento anticipado de deuda, fue cuando dirigía el coronel Randolfo Rijo, quien la firmó.
Al cuestionársele sobre una de las adendas, la cual reconocía una deuda a futuro, explicó: “La tercera adenda, donde se reconoce en ese momento una deuda, la deuda de casi 500 millones, y se le hizo una proyección de los que iban a hacer los ingresos de la compañía por el servicio de la licencia de julio del 24 de enero del 2025 y entonces se hace una proyección de servicios que podían ofrecerse y pagarse y se ponen en una adenda que se dice que se le deben 900 y tantos millones de pesos”.
Morrison indicó que la primera auditoría que solicitó a la Contraloría arrojó que había un faltante de 730 millones de pesos que debieron entrar a las cuentas del INTRANT.
“¿Y por qué? Porque se hacía a través de Pago RD Xchange, que se había firmado un contrato, un acuerdo, más bien una aprobación para ellos cobrar el servicio de la licencia, que no fue bajo licitación. Entonces ellos debían retener el 10% de los beneficios como un tema por pago, por la operación y las transacciones y el 90% debían depositarlo al INTRANT. Entonces, durante tres años y tanto, hasta que nosotros descubrimos eso, simplemente se depositaba entre el 3 y el 5% a las cuentas del INTRANT y el otro restante no se reportaba y eso fue lo que acumuló durante tres años y tanto, los 730 millones, a razón entre 25 y 30 millones mensuales”, develó.
Comentó que hubo una inobservancia a los controles financieros, lo más básico en contabilidad.
La segunda auditoría se hizo a Pago RD Xchange S.R.L., que según Rogelio Oruña, presidente de Dekolor, le dijo a Morrison el beneficiario es José “Jochy” Gómez Canaán.
“Yo tengo que ser muy franco y muy sincero y transparente la información de que ese señor que acababa de mencionar (Jochy Gómez) está vinculado con esa empresa me lo dice el señor Rogelio Oruña, él es que me dice que esa persona está vinculado pero que él sabía del caso pero nunca se atrevió a decirlo entonces yo le señalaba, bueno, pero que esto lleva tres años prácticamente y medio y eso debió alertar entonces yo le dije que yo bajo mi dirección el INTRANT no permitiría una situación como esa”, dice.
Indica que, luego de la segunda auditoría, el presidente de Dekolor, le hizo varias ofertas económicas: “Bueno, la primera fue de manera muy clara, me ofrecieron 24 millones de pesos en efectivo y 2 millones por cada mes que el contrato se extendiera, es decir, el planteamiento era que fueran 24 meses. De manera categórica, rechacé eso. Luego, por diversas vías y comentarios que me hacían, trataban como de influir para que yo pudiese acceder a eso y no lo hice. Luego sucedió que en diciembre al director Financiero y el encargado Administrativo de la institución le hacen un regalo de unos vinos, pero lo acompañan con dinero en efectivo de parte de la empresa. 200 y 150,000 pesos”.
Los primeros que le hicieron la oferta fueron dos enviados del presidente de Dekolor, según establece la querella, Bolívar Batista Taveras y Georges Virgilio Ortiz Reyna.
“Después hay otra (propuesta) que sube, que llega a los 30 millones; sigo diciendo que no, las personas que se me acercaba les decía que a mí no me hablaran de eso, que no había posibilidad, que yo entrará en eso. El proceso de licitación se iba acercando para lanzarse, y ahí obviamente ya viene la primera amenaza”, argumentó.
Explicó que se reunía con el presidente de Dekolor porque ellos estaban dando un servicio al INTRANT, y siempre la excusa que daba era que íbamos a hablar o del tema de los servicios, o del tema de alguna deuda.
Avanzó: “Yo siempre a esas reuniones trataba de hacerme acompañarme de alguien que viera la llegada y luego entonces la salida, siempre había algún comentario. En una ocasión me dijeron, ah mira, que el señor Jochy. Me dice, Jochy te descubrió que tú tienes una cuenta de banco en los Estados Unidos y te descubrió un tema que tú tienes una casa. Mi reacción fue muy normal. Le dije, mire, a mí eso no me preocupa, yo soy una persona muy transparente, yo no tengo nada que ocultar y todo lo que tengo lo puedo justificar”.
Ocho días antes de presentar la querella, la amenaza de que Jochy de que le estaba preparando algo empieza a concretarse desde Miami, el 27 de junio, cuando el periódico The Miami Independent, publicó un reportaje firmado por Josefina Villegas, donde se señala que el 4 de agosto de 2021, mientras se desempeñaba como administrador de Edesur, Morrison y su esposa, Davidia del Carmen Jiménez, adquirieron una residencia en Florida por 837,500 dólares, que no fue incluida en su declaración jurada de bienes.
Esa noticia es la única que aparece firmada por Josefina Villegas en The Miami Independent, quien no es identificada como miembro del equipo en la página web.
Se agrega a la campaña mediática el exasesor del presidente de Estados Unidos, Roger Stone, al publicar la noticia en su cuenta de X insinuando que Morrison estaba siendo investigado en Estados Unidos, pero quien si quien ha sido investigado y acusado por las autoridades estadounidenses ha sido Stone, a quien Trump le conmutó la pena de prisión a 40 meses de cárcel por mentir al Congreso, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos de una investigación del Congreso sobre los supuestos intentos de Rusia de impulsar la campaña presidencial del presidente estadounidense en 2016.
Y no es producto de la casualidad que Stone mantenga una estrecha relación con Jochy Gómez, quien lo definió como su mentor durante una visita de este a República Dominicana, en mayo de 2025, para participar en la presentación de una inteligencia artificial. En un evento producido por Gómez.
Morrison expresó que es un profesional con diversos proyectos en el país y fuera y que ha podido ganar, fuera del Estado, para hacer compras e inversiones lícitas.
“En el año 2021 por razones diversas, personales y familiares mi hermano Nelson se había establecido en el año 2019 allá en Miami. Vendí un apartamento que tenía aquí en Naco. Lo vendí a una persona que vivía en el tercer piso y que actualmente vivía ahí y en el 2021. Él toma un préstamo en el Scotia Bank y esa persona firmamos el contrato y yo tomo 425 mil dólares de esa venta que hice en ese momento de una propiedad que había declarado mi declaración jurada y la transfiero de manera clara y legal a una cuenta en el Ocean Bank en los Estados Unidos donde tengo cuenta desde el año 2006. Transferí 389 mil dólares y de manera clara y transparente sin ocultar nada, sin buscar testaferros, sin buscar nada tercero. Voy y accedo a una vivienda que en ese momento estaba valorada en 837 mil dólares, doy 389 mil que es menos de la mitad y consigo un préstamo, a nombre mío, una hipoteca a 30 años. Oiga esto, o sea que están diciendo que yo compré la casa, tengo un préstamo de una hipoteca para que mis hijos estuvieran allá y estudiar. Entonces yo comencé, tengo todos los recibos de todos los pagos de eso, obviamente fíjense con que lo compré de manera transparente, de manera frontal”, reveló.
En otro orden, con relación a las licencias que Dekolor emite a INTRANT a pesar de las jugosas ganancias que dejan a los empresarios, estas tenían que ser subvencionadas por la institución, porque todos los beneficios eran para las empresas relacionadas.
“Fíjese, que la empresa declara que a ellos le deben 500, 600 millones de pesos, pero solo por el tema de Pago RD hay 730, entonces usted dice pues aquí no se le debe a nadie, o sea, lo que pasa que ha habido una forma de distracción de recursos que obviamente ha lesionado al estado dominicano, entonces al final de cuenta lo que yo quiero decir, hay una gran oportunidad y eso fue lo que nosotros vimos con un nuevo proceso de licencia, el poder tener un servicio que sea beneficioso para el ciudadano que adquiere el servicio, pero también que le deje beneficio al país”, expresó Morrison.
Contrataciones Públicas reconoció que esta nueva licitación ha desatado toda una jauría de acosos judiciales, presiones y chantajes, pero calificó como robusto el pliego de condiciones que garantiza que el software no sea propiedad exclusiva de la empresa.
Marino Feliz Rodríguez, abogado Dekolor, indicó: “Los únicos esfuerzos de acercamiento ante el señor Morrison era uno, la deuda. que debe casi 700 millones y viene y se acerca una licitación, pero además el contrato había puntos que cumplir que todavía no se había podido materializar, precisamente por la falta de recursos”.
“Sí, mire, sí, la realidad hay una acusación (en Panamá para algunos accionistas de Pago RD). Nosotros cuando hacemos el hallazgo del desfalco, le digo en noviembre, nosotros remitimos una comunicación y Contraloría hace la auditoría. En la auditoría, Contraloría, la entrega a principio de este año y luego nosotros los remitimos a la Procuraduría. Y en días pasados, el director de la Unidad Antifraude y también desde la dirección de Compras y Contrataciones, le llevaron formalmente, ya por parte de ello, yo lo había remitido formalmente, es expediente a la Procuraduría y sí, obviamente, la Procuraduría tendrá que hacer sus investigaciones”, argumentó.
Al inicio, N Investiga denunció las irregularidades del contrato suscrito entre Obras Públicas y la empresa Dekolor al presentar certificaciones falsas, un precio mayor al de otras empresas internacionales reconocidas y sin los estándares de calidad ofertados.
Desde aquel entonces, los socios de la empresa, han sido señalados en varios hechos engorrosos, comenzando por el cogerente de la empresa, el dominicano Jochy Gómez, quien en 2012 fue acusado de un hackeo a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios.
Y el presidente de la empresa, el norteamericano, Rogelio Ramón Oruña Aguilar, cuyo nombre salió a relucir en mayo de 2020, cuando reveló N Investiga indicios de irregularidades en la licitación del Ministerio de Defensa para la compra de 88 termómetros corporales para ser usados en operativos contra la COVID 19; y 15 Confiscope, aparatos que sirven para hacer pruebas rápidas de dengue.
Ese termómetro corporal no es para medir temperatura del cuerpo, no, sino es de uso industrial para sistemas eléctricos de empresas, ideal para aplicaciones, por ejemplo, comerciales de electricidad y de climatización.
A raíz de ese reportaje de N Investiga, el Ministerio de Defensa suspendió la licitación, de esto se hizo eco el influyente periódico de Panamá, La Prensa, ya que Rogelio Oruña es una persona muy conocida por sus cuestionables negocios y sus vínculos con el expresidente de ese país centroamericano, Ricardo Martinelli.
Otro proceso legal que todavía está en los tribunales e involucra a Dekolor, ya que fue fiadora solidaria de la empresa adjudicada, Transcore Latam, es la “Contratación de la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”, por 1,317 millones de pesos, cuando estaba previsto por 100 millones de pesos. Contrataciones Públicas constató que, al igual que en la licitación de las licencias en 2004, presentó certificaciones falsas de compañías internacionales.
La empresa alegó tener 19 años de experiencia a pesar de haber sido registrada del 7 de julio del 2022, 7 meses antes de la licitación y no preveía la transferencia del software ni del hardware a favor del Intrant, comprometiendo la continuidad del servicio, como se evidenció con el apagón de la red semafórica que afectó a 55 intersecciones en el Distrito Nacional entre el 27 y 30 de agosto.
En esa ocasión, el Intrant reveló que el apagón de los semáforos fue causado por Transcore Latam de forma intencional, por lo que rescindió el contrato.
Mientras se conocía este caso de los semáforos, también salió a relucir un acuerdo de cooperación del 23 de junio del año 2020, con una vigencia de 12 meses, entre Aurix, de Jochy Gómez, presentada como una empresa dedicada a la recopilación y análisis de datos, y el Ministerio de Defensa, calificado por la Pepca como “oculto y de malas intenciones”, al no encontrarse debidamente registrado en la institución ya que el empresario quería participar en captación e interferencia de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.
“Yo, Milton Morrison, si tuviera que hacerlo nuevamente por beneficio del país lo hago, yo vine a ser un servidor público que nunca había participado en la política, hasta hace siete años que formé un partido, siempre me desarrollé en el sector privado, pero por mi país y por mi sociedad, para que esto se pueda transparentar, lo haría una, dos y tres veces, cueste lo que cueste, porque mi compromiso con la República Dominicana”, expresó Morrison.
