El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió este fin de semana contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que calificó de inútil y pidió su disolución, alegando su falta de acción ante las guerras, las deportaciones de migrantes y lo que denominó “agresiones imperialistas”.
“Ya Naciones Unidas no sirve para nada. Hay que refundarla, y refundarla significa que desaparezca”, declaró Ortega durante un acto oficial celebrado en la Plaza de la Fe, en Managua, con motivo del 46 aniversario de la revolución sandinista.
En un extenso discurso transmitido por televisión estatal de Nicaragua, Ortega acusó a la ONU de ser un instrumento al servicio de las potencias nucleares y de actuar con pasividad ante los conflictos en Medio Oriente y las políticas migratorias de Estados Unidos. Según afirmó, el organismo ha demostrado ser incapaz de intervenir para frenar las muertes que generan estas crisis. En su lugar, propuso la creación de “unas nuevas Naciones Unidas que den seguridad a los pueblos”.
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Ortega también dirigió fuertes críticas hacia Europa, a la que acusó de intentar destruir a Rusia y China mediante la OTAN. Reprochó el uso de “Miles de millones de dólares” en apoyo militar a Ucrania, cuestionando la prioridad de estos recursos frente a los problemas sociales globales.
En otro tramo de su intervención, el mandatario nicaragüense cargó contra el expresidente estadounidense Donald Trump y su política migratoria, a la que calificó de “guerra” contra los migrantes. “¿Y qué dice Naciones Unidas?, ¿qué hace Naciones Unidas? Allí están a la vista los crímenes”, expresó Ortega, al referirse a las deportaciones de indocumentados desde Estados Unidos.
Como contraste, celebró el regreso de 252 venezolanos desde El Salvador a Caracas, tras haber permanecido detenidos desde marzo. “Les enviamos un abrazo”, expresó durante el acto.
Ortega advirtió que, a su juicio, Estados Unidos corre el riesgo de quedarse sin fuerza laboral si mantiene sus políticas migratorias, argumentando que “los migrantes son los que hacen el trabajo más duro” y que las empresas “se están quejando” por las pérdidas económicas derivadas de la escasez de mano de obra.
El acto conmemorativo por el 46 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, que en 1979 derrocó a la dictadura de Somoza Debayle, contó con una amplia participación popular, aunque sin la presencia de jefes de Estado. La funcionaria de más alto nivel en asistir fue Varsen Aghabekian, ministra de Estado para Asuntos Exteriores de Palestina. También intervino un representante del régimen chino, quien destacó el fortalecimiento de las relaciones entre Nicaragua y China, y expresó la disposición de Beijing para “aumentar y profundizar la cooperación” bilateral.
Desde 1980, el 19 de julio es feriado nacional en Nicaragua, fecha en la que el gobierno sandinista celebra su victoria histórica y refuerza su narrativa oficial. En los últimos años, esta conmemoración ha servido además como plataforma para reafirmar la alianza del régimen con potencias como Rusia, China e Irán, y reiterar sus críticas al intervencionismo occidental.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua desde 2007, en un contexto marcado por denuncias internacionales de represión, persecución política y violaciones a los derechos humanos, especialmente tras la represión de las protestas opositoras de 2018. Desde entonces, el régimen ha encarcelado a decenas de opositores, cancelado partidos políticos y eliminado espacios de participación ciudadana.
En los últimos meses, la hostilidad del régimen hacia el sistema multilateral se ha intensificado. Solo en lo que va de 2025, Nicaragua ha abandonado al menos siete organismos y mecanismos de la ONU, marcando un proceso de aislamiento internacional sin precedentes.
El pasado 12 de junio, el gobierno anunció su salida de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), tras cuestionar las cifras de desplazados nicaragüenses publicadas por el organismo. Anteriormente, Managua también se retiró de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la UNESCO. Asimismo, cortó vínculos con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y rechazó la continuidad de los mecanismos independientes que documentan violaciones de derechos humanos en el país.
El gobierno ha justificado estas decisiones con argumentos centrados en la supuesta parcialidad política y el doble rasero de los organismos internacionales. No obstante, analistas y entidades independientes coinciden en que esta actitud responde a una estrategia para evitar el escrutinio internacional ante las crecientes denuncias por represión, detenciones arbitrarias, cierre de medios y cancelación de organizaciones civiles.
Desde la represión de las protestas de 2018, la relación entre Nicaragua y la ONU ha estado marcada por la tensión. Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado más de 300 muertes, miles de arrestos y el exilio forzado de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes opositores. En respuesta, el régimen ha optado por cerrar sus puertas a las misiones internacionales y denunciar a la ONU por supuestas “calumnias”.
En paralelo, Nicaragua ha profundizado su alineación geopolítica con Rusia y China. Ortega ha respaldado públicamente a Moscú en la guerra contra Ucrania, recibiendo asistencia militar del Kremlin. Con China, el vínculo se ha estrechado desde que Managua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2021, favoreciendo una cooperación política y económica cada vez más sólida.
