El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, impulsado por el presidente Donald Trump, marcó un hecho sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. La decisión, tomada sin el respaldo del gobernador de California, Gavin Newsom, ni de la alcaldesa angelina, Karen Bass, se da en medio de crecientes tensiones por redadas migratorias que han desatado intensas protestas.
El presidente Trump ordenó el envío de más de 4.000 efectivos a Los Ángeles con el argumento de contener las manifestaciones derivadas de recientes redadas migratorias, La medida se tomó pese a que autoridades locales informaron que las protestas, aunque masivas, se desarrollaban en su mayoría de manera pacífica.
El despliegue fue anunciado el sábado, y el lunes el gobernador Newsom informó que la Casa Blanca envió otros 2.000 efectivos adicionales a la ciudad.
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A diferencia de otros presidentes, Trump no invocó la Ley de Insurrección de 1807 para justificar el operativo, en su lugar, recurrió al Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite movilizar tropas federales en caso de invasión o cuando se considere que las fuerzas civiles no pueden mantener el orden. Consultado al respecto, Trump afirmó que la Ley de Insurrección solo se utilizaría “si hay o no una insurrección”.
El despliegue en Los Ángeles es el primero desde 1965 en realizarse sin el consentimiento del gobernador local. En esa ocasión, el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger a los manifestantes por los derechos civiles, desafiando al gobernador George Wallace.
El último despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ocurrió en 1992, durante los disturbios tras la absolución de los policías involucrados en la golpiza a Rodney King. Entonces, tanto el gobernador Peter Wilson como el alcalde Tom Bradley solicitaron el apoyo federal, y el presidente George H. W. Bush invocó la Ley de Insurrección. Aquellos disturbios dejaron más de 60 muertos y 2.000 heridos. En contraste, el actual despliegue ocurre sin solicitud estatal y en un contexto de menor violencia, según fuentes oficiales.
Acciones tomadas por California ante la decisión federal
El estado de California presentó el lunes una demanda judicial contra el presidente Trump, argumentando que el despliegue es inconstitucional y viola la Décima Enmienda, que garantiza la soberanía de los estados frente a la autoridad federal. Newsom afirmó que Trump está “creando una crisis” y publicó imágenes denunciando las condiciones precarias en que se encuentran los soldados, que duermen hacinados en instalaciones improvisadas.
El envío de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal abre un precedente legal de gran peso en la relación entre el Gobierno federal y los estados. Se reactiva el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de tropas dentro del país, especialmente cuando no hay un conflicto armado interno declarado ni una solicitud oficial por parte de autoridades estatales o locales.
La Ley de Insurrección
La Ley de Insurrección, de 1807, autoriza al presidente a usar al ejército estadounidense para restablecer el orden civil cuando hay disturbios que impiden la aplicación de las leyes federales. Se considera uno de los poderes de emergencia más controvertidos en Estados Unidos.
