Santo Domingo.– La Cámara de Diputados, a través de su Comisión Especial designada para el estudio del Proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, celebró este jueves una jornada de vistas públicas con la participación de representantes de diversos sectores sociales, económicos y ciudadanos particulares, como parte del proceso de consulta y construcción participativa de la normativa.
Durante la actividad, desarrollada en el Salón Hugo Tolentino Dipp, decenas de ciudadanos presentaron sus opiniones, observaciones y propuestas sobre el contenido del proyecto. Entre los participantes estuvieron representantes de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el Colegio Dominicano de Notarios, y el Movimiento Patria Libre, entre otros actores vinculados al tema habitacional.
El diputado Amado Díaz, presidente de la comisión, valoró la calidad de las exposiciones presentadas durante las más de dos horas de sesión:
“Estamos comprometidos con escuchar a la ciudadanía y a todos los sectores involucrados. Estas vistas públicas son un ejercicio democrático necesario que nos permitirá enriquecer el proyecto y avanzar hacia una ley justa y equilibrada.”
Díaz anunció que la comisión volverá a reunirse el próximo lunes a las 2:00 p. m. para analizar las propuestas recibidas y comenzar la elaboración del informe final que será sometido al Pleno de la Cámara.
“Muchas de las sugerencias planteadas por los participantes podrían incorporarse, lo cual implicaría ajustes importantes al texto actual del proyecto”, precisó.
La Comisión Especial está conformada por los diputados Amado Díaz, Jorge Tavárez, Mayobanex Martínez, Onabel Aristy, Rosendy Polanco, Ydenia Doñé, María de los Ángeles Rodríguez, Wandy Bautista, Indira de Jesús, Luis Gómez Benzo, Mélido Mercedes, Elías Wessin Chávez, Carlos Pérez, Olfanny Méndez y Ramón Rogelio Genao Lanza.
El proyecto de ley busca modernizar el marco legal que regula el mercado de alquileres en la República Dominicana, estableciendo garantías tanto para arrendadores como para inquilinos, y creando mecanismos más ágiles y transparentes para los procesos de desahucio.