Moncloa ha querido dejar claro que ha invitado a sentarse a la mesa de su comisión de investigación sobre las causas del apagón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo anunció Pedro Sánchez 24 horas después del colapso. Al día siguiente, lo repitió la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien preside dicho comité. Pero lo cierto es que la CNMC, organismo encargado de supervisar al sector eléctrico en España, iba a investigar por su cuenta el incidente de todas formas. De hecho, la cúpula del supervisor que preside Cani Fernández tiene previsto evaluar en el Pleno del próximo lunes un primer informe sobre lo ocurrido, según ha podido saber EL MUNDO.
Por ley, la CNMC tiene la obligación de «determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro de los usuarios, proponiendo las medidas que haya que adoptar». En el centro de las pesquisas de Competencia está tratar de identificar las causas del incidente y, a partir de ahí, determinar si hubo o no algún error en la gestión de la red eléctrica.
Fuentes próximas al organismo sitúan en el centro de la investigación a Red Eléctrica. «Si se acredita que hubo negligencia en la programación de los servicios de ajuste, podría haber un incumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico catalogado como infracción muy grave», explican. Es decir, uno de los aspectos que analizará con lupa la CNMC es si Red Eléctrica se quedó corta al programar generación firme, o lo que es lo mismo, si no ordenó operar suficiente gas, nuclear o hidráulica, que son fuentes firmes casi al 100%. En definitiva, si la empresa semipública dejó el sistema demasiado expuesto a tecnologías como la solar fotovoltaica, considerada firme al 0%.
La competencia de instruir un eventual expediente sancionador contra Red Eléctrica recaería en la CNMC. La de resolverlo no está tan clara.
«La información con el Gobierno ha sido fluida en todo momento», aseguran fuentes próximas al supervisor al tanto de estos contactos. Así lo aseveró Competencia al día siguiente del apagón en una nota de prensa donde reconoció estar en «comunicación constante» con Transición Ecológica, Red Eléctrica y «demás agentes implicados en este incidente excepcional». Pero lanzó un aviso a navegantes: «La CNMC está siguiendo desde el comienzo del incidente la situación del sistema eléctrico y llevará a cabo las actuaciones pertinentes».
Pese a la invitación reiterada del Gobierno, el supervisor no pudo estar presente en la primera reunión de la comisión investigación que preside Aagesen por cuestiones de agenda. Fue programada a las 16:30 y, a esa hora, la Sala de Competencia del organismo supervisor, de la que forma parte la propia Fernández, llevaba ocho horas de un cónclave que estaba a punto de dar luz verde a la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell.
El primer cara a cara entre el supervisor y el Gobierno se produjo ayer a primera hora de la mañana. Cani Fernández y Rocío Prieto, la directora de Energía de la CNMC, se desplazaron el 1 de mayo, festivo nacional por el Día del Trabajador, al ministerio de Transición Ecológica para reunirse con Aagesen y con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Compartieron información en un momento en el que Transición Ecológica todavía no había recabado todos los datos que el Gobierno requirió a las empresas eléctricas para tratar de reconstruir los segundos del gran apagón.
Hasta el martes, el Gobierno había contado con la información que le remitía Red Eléctrica. Pero en Moncloa se ha extendido la sensación de que «información y datos no son lo mismo». Buscan tener una panorámica completa de lo que detectaron los monitores de todos los agentes del sector el día del incidente. Este es uno de los motivos detrás de la comisión de investigación, pues el Ejecutivo sabe que los datos requeridos son propiedad de empresas privadas que no tienen la obligación de entregárselos.
Moncloa investiga ya las horas previas
Ayer por la tarde, Red Eléctrica confirmó que ya había remitido toda la información solicitada por el Gobierno. Por su parte, Transición Ecológica informó horas antes de que «gran parte» de los datos exigidos al conjunto de empresas del sector ya habían sido entregados. Aunque reconoció que la complejidad de los datos hacía comprensible cierto retraso en la entrega, indicó que a lo largo de la mañana remitiría nuevos requerimientos por escrito.
En esa última nota, el ministerio incluyó un matiz clave: solicitará también información sobre las horas previas al apagón. Hasta ahora el Gobierno se había centrado en revivir los cinco segundos en los que se desató el colapso eléctrico. Ahora, amplía su lupa a las horas anteriores al blackout, tras publicar EL MUNDO que la red eléctrica sufría «anomalías críticas» mucho antes de lo que afirma Red Eléctrica.
Con todas las mediciones de los centros de control sobre la mesa, el Gobierno empezará a ordenar millones de mediciones. El proceso podría tardar días, incluso semanas. En el sector la sensación es de calma, pues aseguran que el grueso de la información que les ha reclamado Moncloa ya la tenía el operador.
Esas 'cajas negras' contienen sensores de frecuencia o tensión. Los puntos de la red con mayor información son los llamados puntos frontera, donde convergen las líneas de alta y media tensión. Las primeras las gestiona Red Eléctrica y las segundas, las empresas distribuidoras (Endesa, EDP, Iberdrola y Naturgy).
Las mediciones del sector demuestran que las perturbaciones en la red empezaron horas antes de lo que apunta Red Eléctrica, que ha sostenido en todo momento que el sistema eléctrico se encontraba «estable» hasta las 12:30, un relato que, hasta ahora, le había comprado el Gobierno.
Desde las diez de la mañana la red eléctrica experimentaba una situación de permanente inestabilidad. En la media hora previa del apagón, esas perturbaciones ascendieron al nivel de «anomalías críticas», como adelantó este medio.
Todos los expertos consultados sostienen que el sistema ya dio avisos de estar en situación límite la semana previa al gran apagón, cuando fuertes oscilaciones de tensión afectaron a infraestructuras energéticas y ferroviarias. Preguntados sobre si las empresas distribuidoras podían tener conocimiento de estas mediciones sin que Red Eléctrica las percibiese, la respuesta es tajante: «Rotundamente no».
