El Distrito Nacional está atrapado en un tapón que no es solo de carros, sino de falta de planificación y voluntad política. Cada día, miles de ciudadanos sufren las consecuencias de un sistema de transporte desorganizado y un territorio mal gestionado.
La Constitución dominicana, en su artículo 199, otorga a los gobiernos locales la facultad de organizar el uso del suelo y los servicios de transporte urbano. La Ley 176-07 refuerza esta responsabilidad, y la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial exige una planificación sostenible y equitativa. Además, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece principios como la seguridad vial, la accesibilidad universal y la jerarquización del espacio público.
Sin embargo, la realidad es otra. Según un reportaje de Noticias SIN del 4 de junio de 2025, los principales puntos críticos de tráfico en Santo Domingo —como la avenida John F. Kennedy, la 27 de Febrero y la Máximo Gómez— presentan congestionamientos constantes debido a la mala sincronización de semáforos, la falta de agentes en horas pico y la ocupación ilegal de carriles por vehículos mal estacionados. La población entrevistada expresó sentirse “desesperada” y “abandonada” por las autoridades municipales y del INTRANT.
La gente en la calle lo dice claro: “Nos sentimos solos, el tránsito está fuera de control”.
Y mientras tanto, el Distrito Nacional sigue creciendo sin un plan vial efectivo, sin aceras accesibles y sin una clara coordinación entre la Alcaldía, DIGESETT y el INTRANT.
Como se evidenció en el video recientemente grabado en distintos puntos de la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional, incluyendo sectores como el Ensanche Julieta, la Urbanización Fernández y el Ensanche Quisqueya. En todas estas zonas se muestra la ausencia total de parqueos públicos habilitados, aceras ocupadas por vehículos y negocios que se adueñan del espacio público como si fuera privado. Esa realidad es diaria en sectores residenciales y comerciales, donde el respeto por la ley brilla por su ausencia.
Sin embargo, la realidad es otra. Según un reportaje de Noticias SIN del 4 de junio de 2025, los principales puntos críticos de tráfico en Santo Domingo —como la avenida John F. Kennedy, la 27 de Febrero y la Máximo Gómez— presentan congestionamientos constantes debido a la mala sincronización de semáforos, la falta de agentes en horas pico y la ocupación ilegal de carriles por vehículos mal estacionados. La población entrevistada expresó sentirse “desesperada” y “abandonada” por las autoridades municipales y del INTRANT.
La gente en la calle lo dice claro: “Nos sentimos solos, el tránsito está fuera de control”.
Y mientras tanto, el Distrito Nacional sigue creciendo sin un plan vial efectivo, sin aceras accesibles y sin una clara coordinación entre la Alcaldía, DIGESETT y el INTRANT.
Como se evidenció en el video recientemente grabado en distintos puntos de la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional, incluyendo sectores como el Ensanche Julieta, la Urbanización Fernández y el Ensanche Quisqueya. En todas estas zonas se muestra la ausencia total de parqueos públicos habilitados, aceras ocupadas por vehículos y negocios que se adueñan del espacio público como si fuera privado. Esa realidad es diaria en sectores residenciales y comerciales, donde el respeto por la ley brilla por su ausencia.
Desde el Ayuntamiento, debemos impulsar ordenanzas que:
– Organicen el sistema de parqueos públicos y privados.
– Regulen el transporte alternativo (bicicletas, scooters).
– Protejan al peatón y al transporte colectivo.
– Reduzcan el uso abusivo del espacio público por parte de sectores privados.
– Armonicen el desarrollo urbano con criterios de accesibilidad y equidad territorial.
Esto no se trata solo de tapones. Se trata de justicia urbana. Sin planificación del territorio no hay inversión ordenada. Sin transporte digno, no hay calidad de vida. Y sin ciudad accesible, no hay democracia local.
La capital no puede seguir en piloto automático. Hay que conducirla con ley, con visión y con responsabilidad de Estado.
Por: Yulibelys Wandelpool – Abogada, especialista en Derecho Administrativo.
